La movilidad segura y sostenible: un nuevo derecho de ciudadanía

Cuando hablamos del Estado del bienestar solemos pensar en sus pilares clásicos: sanidad, educación, pensiones y servicios sociales. En los últimos años se ha reivindicado con fuerza que la vivienda debe convertirse en el quinto pilar. Sin embargo, hay otro ámbito que atraviesa de lleno la vida cotidiana de millones de personas y que aún no ha sido reconocido como un derecho básico: la movilidad segura y sostenible.

En España, la clase trabajadora se ve empujada cada vez más lejos de los centros de producción y de servicios debido a la falta de vivienda asequible y a la especulación inmobiliaria. Esa movilidad forzada se convierte en un factor determinante para la economía familiar, para la conciliación laboral y personal, para la salud y para la sostenibilidad ambiental. No se trata de un lujo, sino de una necesidad vital.

El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que esta semana llega al Pleno del Congreso, puede marcar un antes y un después. Por primera vez, la legislación reconoce la movilidad como un derecho colectivo, que el Estado y las administraciones deben garantizar. Como señala su preámbulo, la movilidad es el medio que permite ejercer otros derechos constitucionales —el trabajo, la educación, la sanidad, el medioambiente— y, en consecuencia, debe estar en el centro de las políticas públicas.

Esta ley avanza hacia una concepción moderna de la movilidad, entendida no como un simple sinónimo de transporte, sino como un elemento esencial del bienestar social. Impulsa la creación de un Sistema General de Movilidad Sostenible, el fomento del transporte público, de la movilidad activa (caminar, bicicleta), de la intermodalidad y de la igualdad en el acceso, también en zonas rurales y en territorios afectados por despoblación.

Además, como se puede leer en el preámbulo del proyecto de Ley, los datos de la Estadística de Transporte de Viajeros del Instituto Nacional de Estadística (INE), cada año se realizan en España más de tres mil millones de viajes urbanos en transporte regular colectivo, lo que representa más del 60 % de todos los viajes realizados en España. Por otra parte, según la Comisión Europea, la circulación urbana es la causa del 40 % de las emisiones de CO2 y del 70 % de las emisiones de otros contaminantes procedentes del transporte por carretera. Es, por tanto, evidente, que su trascendencia supera el ámbito estrictamente municipal y su desempeño tiene implicaciones para la sostenibilidad ambiental y la reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, para la actividad económica general y para la cohesión social y territorial. 

Por ello, la Ley plantea una contribución financiera del Estado al transporte público colectivo urbano de personas que promueva una explotación eficiente del servicio a través de la creación de un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible.

Solo un sistema público de transporte eficiente, accesible y asequible puede reducir la dependencia del vehículo privado, mejorar la calidad del aire, disminuir los accidentes de tráfico y garantizar que nadie quede excluido por su lugar de residencia o su nivel de ingresos.

La Constitución Española (art. 19) reconoce el derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero no reconoce todavía el derecho a una movilidad digna y sostenible. El reto que se abre con esta ley es convertir ese principio programático en una garantía real para la ciudadanía, del mismo modo que lo son hoy la sanidad o la educación públicas.

En tiempos de crisis climática, desigualdad y precariedad, la movilidad no puede seguir siendo un privilegio ni una carga insoportable para las familias trabajadoras. La movilidad segura y sostenible debe ser reconocida como lo que es: un nuevo derecho de ciudadanía y, quizás, el próximo pilar de un Estado del bienestar a la altura del siglo XXI.

¿Estarán los grupos parlamentarios a la altura de lo que la ciudadanía necesita y votarán a favor de tramitar este proyecto de Ley de Movilidad Sostenible?