La movilidad segura y sostenible: un nuevo derecho de ciudadanía

Cuando hablamos del Estado del bienestar solemos pensar en sus pilares clásicos: sanidad, educación, pensiones y servicios sociales. En los últimos años se ha reivindicado con fuerza que la vivienda debe convertirse en el quinto pilar. Sin embargo, hay otro ámbito que atraviesa de lleno la vida cotidiana de millones de personas y que aún no ha sido reconocido como un derecho básico: la movilidad segura y sostenible.

En España, la clase trabajadora se ve empujada cada vez más lejos de los centros de producción y de servicios debido a la falta de vivienda asequible y a la especulación inmobiliaria. Esa movilidad forzada se convierte en un factor determinante para la economía familiar, para la conciliación laboral y personal, para la salud y para la sostenibilidad ambiental. No se trata de un lujo, sino de una necesidad vital.

El Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, que esta semana llega al Pleno del Congreso, puede marcar un antes y un después. Por primera vez, la legislación reconoce la movilidad como un derecho colectivo, que el Estado y las administraciones deben garantizar. Como señala su preámbulo, la movilidad es el medio que permite ejercer otros derechos constitucionales —el trabajo, la educación, la sanidad, el medioambiente— y, en consecuencia, debe estar en el centro de las políticas públicas.

Esta ley avanza hacia una concepción moderna de la movilidad, entendida no como un simple sinónimo de transporte, sino como un elemento esencial del bienestar social. Impulsa la creación de un Sistema General de Movilidad Sostenible, el fomento del transporte público, de la movilidad activa (caminar, bicicleta), de la intermodalidad y de la igualdad en el acceso, también en zonas rurales y en territorios afectados por despoblación.

Además, como se puede leer en el preámbulo del proyecto de Ley, los datos de la Estadística de Transporte de Viajeros del Instituto Nacional de Estadística (INE), cada año se realizan en España más de tres mil millones de viajes urbanos en transporte regular colectivo, lo que representa más del 60 % de todos los viajes realizados en España. Por otra parte, según la Comisión Europea, la circulación urbana es la causa del 40 % de las emisiones de CO2 y del 70 % de las emisiones de otros contaminantes procedentes del transporte por carretera. Es, por tanto, evidente, que su trascendencia supera el ámbito estrictamente municipal y su desempeño tiene implicaciones para la sostenibilidad ambiental y la reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes atmosféricos, para la actividad económica general y para la cohesión social y territorial. 

Por ello, la Ley plantea una contribución financiera del Estado al transporte público colectivo urbano de personas que promueva una explotación eficiente del servicio a través de la creación de un Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible.

Solo un sistema público de transporte eficiente, accesible y asequible puede reducir la dependencia del vehículo privado, mejorar la calidad del aire, disminuir los accidentes de tráfico y garantizar que nadie quede excluido por su lugar de residencia o su nivel de ingresos.

La Constitución Española (art. 19) reconoce el derecho a circular libremente por el territorio nacional, pero no reconoce todavía el derecho a una movilidad digna y sostenible. El reto que se abre con esta ley es convertir ese principio programático en una garantía real para la ciudadanía, del mismo modo que lo son hoy la sanidad o la educación públicas.

En tiempos de crisis climática, desigualdad y precariedad, la movilidad no puede seguir siendo un privilegio ni una carga insoportable para las familias trabajadoras. La movilidad segura y sostenible debe ser reconocida como lo que es: un nuevo derecho de ciudadanía y, quizás, el próximo pilar de un Estado del bienestar a la altura del siglo XXI.

¿Estarán los grupos parlamentarios a la altura de lo que la ciudadanía necesita y votarán a favor de tramitar este proyecto de Ley de Movilidad Sostenible?

El alarmismo interesado sobre la inmigración

 

Hace unos años se difundió una encuesta a mujeres en Canadá con una pregunta tan simple como inquietante: “Si estuvieras sola en un bosque, ¿preferirías encontrarte con un oso o con un hombre desconocido?”. La mayoría respondió que preferiría al oso. La razón es obvia: el miedo cotidiano de muchas mujeres no está en los animales salvajes, sino en la violencia masculina.

Si trasladamos este razonamiento a otro escenario, la imagen que acompaña este texto lo ilustra con claridad. En un callejón oscuro, ¿con quién preferiríamos cruzarnos? La respuesta parece lógica: con la joven musulmana antes que con el hombre rapado. 

Y, sin embargo, nos quieren hacer creer que el peligro para nuestra sociedad lo representa el inmigrante o el musulmán o el diferente, el “otro” y no el violento que a lo mejor presume de ser "muy español" o "català de debò".

El discurso político y mediático dominante insiste en un relato de alarma constante en el que el “otro” siempre encarna el peligro, aunque los datos y la experiencia cotidiana contradigan esa visión.

Lo que dicen los datos

    • España es un país seguro. La tasa de criminalidad en 2025 se situó en 40,6 delitos por cada 1.000 habitantes, el nivel más bajo desde que se recogen estos datos. España registra además una de las tasas de homicidio más reducidas de Europa: apenas 0,69 por cada 100.000 habitantes, frente a una media mundial de más de 6.

    • Más inmigración no significa más delincuencia. La población extranjera residente se ha duplicado desde 2005, pero la criminalidad global ha descendido. Incluso excluyendo ciberdelitos, la criminalidad “convencional” ha bajado más de un 16 % desde 2010.

    • La categoría “extranjero” no equivale a “inmigrante”. En las estadísticas de detenidos e investigados aparecen incluidos:

        ◦ Turistas (España recibe cerca de 100 millones de visitantes al año, y no pocos figuran en detenciones por incidentes o delitos durante su estancia).

        ◦ Delincuentes transnacionales que actúan en España como parte de redes de tráfico o crimen organizado, pero que no residen aquí.

          Por tanto, inflar los números de “delincuencia extranjera” para vincularlos a la inmigración es, en el mejor de los casos, un error de interpretación; y en el peor, una manipulación deliberada.

    • La marginalidad pesa. Muchos de los delitos en los que más intervienen las fuerzas de seguridad (pequeños robos, hurtos, venta ambulante ilegal, tráfico menor de estupefacientes) tienen mucho que ver con condiciones de vida precarias y con fenómenos de exclusión social. No son delitos “importados” por la inmigración, sino asociados a la vulnerabilidad y a la falta de oportunidades.

    • Los inmigrantes, víctimas antes que verdugos. La evidencia también muestra que quienes llegan en situación irregular o precaria sufren de manera desproporcionada explotación laboral, trata de personas y delitos de odio. Solo en 2024 la policía española liberó a 1.794 víctimas de redes de trata, la casi totalidad de ellas migrantes.

Una narrativa interesada

Si confrontamos estos datos con el discurso público, la paradoja es evidente: lo que más tememos en nuestra vida cotidiana (corrupción, violencia machista, abusos de poder, precariedad laboral, pobreza) no encaja con el relato que se difunde sobre “el peligro inmigrante”. La realidad no respalda el alarmismo: España es uno de los países más seguros del mundo, y sus datos de criminalidad se han mantenido bajos incluso con un aumento significativo de población extranjera.

No se trata de ocultar los problemas ni de negarlos, pero sí de saber contextualizarlos y gestionarlos.

El “otro”, al que se señala, rara vez es quien más daño nos causa. Lo que se oculta tras este alarmismo es la construcción de un chivo expiatorio. Y esa construcción mediática y política que difunde la derecha y la ultraderecha no solo es injusta, también es peligrosa, porque distrae de los verdaderos problemas de violencia, exclusión y desigualdad que sí atraviesan nuestra sociedad.