Desde el 7 de septiembre, Renfe vuelve a permitir el acceso de patinetes eléctricos a buena parte de sus trenes. La decisión afecta a Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia —con algunas excepciones, entre ellas por ahora Rodalies de Catalunya— y representa un nuevo avance en la necesaria integración de los diferentes medios de transporte que conforman una movilidad moderna y sostenible.
A finales de 2023, después de algunos incidentes provocados por incendios de baterías de patinetes eléctricos en transportes públicos, diferentes operadores y autoridades adoptaron medidas cautelares que acabaron convirtiéndose en prohibiciones. Renfe lo hizo en sus trenes y decisiones semejantes adoptaron las autoridades del transporte metropolitano de Madrid, Catalunya y otras ciudades de España, para metros, autobuses y tranvías.
La preocupación estaba justificada. Un incendio provocado por una batería de litio dentro de un vehículo lleno de pasajeros, especialmente en un túnel, es un riesgo de baja probabilidad, pero de consecuencias potencialmente graves.
Pero reconocer un riesgo no significa que la única respuesta posible sea prohibir.
Ese fue precisamente el planteamiento que llevó al Grupo Parlamentario Socialista a presentar una Proposición no de Ley para la autorización del acceso de los vehículos de movilidad personal eléctricos al transporte ferroviario y al transporte urbano e interurbano, que tuve la oportunidad de defender en la Comisión sobre Seguridad Vial del Congreso y que fue aprobada el 16 de junio de 2025.
La iniciativa instaba al Gobierno a fomentar la movilidad en VMP «bajo los más altos estándares posibles de seguridad e integración» y a trabajar con los operadores para valorar su acceso siempre que cumplieran los requisitos técnicos, de certificación y seguridad establecidos por la normativa.
No pedíamos ignorar el riesgo. Pedíamos trabajar para gestionarlo.
Una movilidad verdaderamente sostenible exige reducir nuestra dependencia del vehículo privado y conseguir que caminar, la bicicleta, los VMP y, sobre todo, el transporte público formen parte de un mismo sistema.
Eso es la intermodalidad.
Para muchas personas, el problema no son los treinta o cincuenta kilómetros que recorren en tren, sino los dos o tres que separan su domicilio de la estación o esta de su destino final: la primera y la última milla.
Un patinete o una bicicleta pueden convertir un trayecto complicado en algo tan sencillo como patinete + tren + patinete. Por eso los VMP, bien utilizados, son también una pieza complementaria del transporte público.
Además, desde 2023 han cambiado muchas cosas.
España ha avanzado considerablemente en su regulación. La certificación técnica de la DGT acredita que los modelos cumplen determinados requisitos de seguridad. Desde enero de 2024 los nuevos VMP comercializados deben estar certificados y, a partir del 22 de enero de 2027, solamente podrán circular vehículos certificados.
A ello se han añadido la Ley 5/2025, que introdujo el aseguramiento obligatorio, y el Real Decreto 52/2026, que ha desarrollado su inscripción. Hoy los VMP deben inscribirse en el registro de la DGT y disponer de certificado y etiqueta identificativa.
Hemos pasado, por tanto, de un vehículo difícilmente identificable y con una regulación incipiente a otro sometido a certificación, registro, identificación y aseguramiento obligatorio.
Y eso cambia sustancialmente las condiciones para analizar su acceso al transporte público.
Renfe demuestra ahora que existe un camino intermedio entre permitir cualquier cosa y prohibirlo todo. No cualquier patinete podrá acceder a sus trenes. Deberá cumplir requisitos de identificación, homologación y aseguramiento y, durante el viaje, permanecer apagado y plegado, sin posibilidad de recarga y situado en los espacios establecidos.
Es decir: permitir, pero con condiciones.
Ese es precisamente el equilibrio que reclamábamos desde el Congreso y el que ya aplican operadores ferroviarios de otros países europeos.
Ahora corresponde preguntarse por qué ese mismo principio no puede extenderse progresivamente al resto del transporte público.
En Catalunya, la prohibición de introducir patinetes eléctricos en el transporte público integrado continúa con carácter indefinido. En Madrid, el Consorcio Regional de Transportes la ratificó hasta 2027, justificando ese horizonte porque entonces los VMP estarían obligados a disponer de certificación de la DGT.
El escenario regulatorio que entonces se reclamaba ya está, en buena medida, construido.
Sería razonable, por tanto, que Catalunya, Madrid y las demás autoridades que mantienen restricciones semejantes estudiaran la decisión de Renfe y revisaran sus prohibiciones.
La seguridad es irrenunciable, pero no es incompatible con la movilidad sostenible.
Facilitar que una persona pueda salir de casa en patinete, llegar a una estación, recorrer decenas de kilómetros en transporte público y completar en patinete el último tramo no es simplemente favorecer el uso del patinete. Es, sobre todo, hacer más competitivo, accesible y útil el transporte público frente al automóvil privado.
Y esa es una de las claves de una verdadera política de movilidad sostenible.
