37,5 horas: Cuestión de clase y cuestión de género

Las derechas votaron en el pleno del Congreso contra la posibilidad de debatir siquiera la reducción legal de la jornada laboral. El Partido Popular, Vox y Junts, ensayaron discursos para intentar justificar sus verdaderos intereses de clase, de la clase que los financia y la que mueve sus hilos.

Pero si la alianza derechista votó, como siempre, contra la clase trabajadora - clase que incomprensiblemente les vota -, también votó contra las mujeres porque, no nos engañemos, los sectores de servicio y de producción en los que la mujer es la principal fuerza de trabajo, los salarios, las condiciones y las jornadas laborales son las peores del panorama español.

LimpiadorAs, cuidadorAs, dependientAs, cajerAs, camarerAs de hotel, trabajadorAs del hogar,…, son quienes tienen peores convenios. Son quienes cobran salarios mínimos, son quienes tienen más contratos a tiempo parcial no fruto de la voluntariedad sino de la organización empresarial basada en conseguir márgenes de beneficios de la mano de obra empleada y son, además, quienes tienen menos capacidad de negociación frente a sus empleadores.

Según ha calculado el Gobierno, la medida de reducir la jornada ordinaria de 40 a 37,5 horas semanales, sin merma salarial, beneficiaría a más de 12 millones de trabajadores del sector privado.

Otra reflexión necesaria sobre la jornada laboral de los sectores feminizados: ¿cómo puede una cuidadorA o una limpiadorA trabajar 8 horas diarias en las duras condiciones de sus respectivos trabajos? Y menos teniendo que hacer unas horas aquí, otras allá y el resto acullá. La respuesta es: NO SE PUEDE. Eso sin contar que seguramente les espera su otro trabajo a jornada completa: la casa, la familia.

Según el Instituto Nacional de Estadística, hay más de 2,8 millones de ocupados con jornada parcial en España (dato del segundo trimestre de 2023), de los cuales cerca del 73 % son mujeres y el 27 % hombres. Según la misma fuente, en mujeres de 15-64 años que trabajan a tiempo parcial, los motivos más frecuentes son no encontrar empleo de jornada completa (46,0 %) y cuidado de menores o de personas dependientes, enfermas o mayores (17,4 %).

Por eso, una reducción de jornada laboral no es solo una mejora de las condiciones laborales, sino que en muchos casos (trabajadores a tiempo parcial) implicará un incremento salarial porque aumentará el porcentaje de horas de trabajo respecto a la jornada completa. Salud laboral, mejora salarial en muchos, conciliación y perspectiva de género en las políticas de empleo.

Los efectos de la reducción de jornada laboral tendrá los mismos destinatarios que tuvieron los sucesivos incrementos del salario mínimo interprofesional (SMI)) en los últimos años y la reforma laboral que limitó drásticamente la contratación temporal: mujeres, jóvenes y colectivos más vulnerables.

Querídisimos votantes de las derechas, habéis votado contra la clase trabajadora y habéis votado contra las mujeres… otra vez.

[ artículo publicado inicialmente en la revista L'Endavant ]

Los incendios forestales no se apagan solo con bomberos. Por un Pacto de Estado frente a la emergencia climática

El verano de 2025 ha vuelto a teñirse de humo y ceniza en España. Comunidades como Castilla y León, Galicia, Extremadura, Asturias, Madrid o Andalucía han sufrido el azote de unos incendios forestales que se repiten, cada año, con una intensidad cada vez mayor. Y, sin embargo, seguimos empeñados en tratar el problema como si fuera únicamente un episodio estacional, una calamidad aplacable a golpe de hidroavión y brigadista exhausto. Pero los incendios forestales no se apagan solo con bomberos.

Las reivindicaciones de los profesionales del sector —justas, necesarias, urgentes— ponen sobre la mesa problemas reales: plantillas precarias, contratos temporales reducidos a la campaña de verano, externalización de servicios en favor de empresas privadas, salarios en ocasiones indignos y medios insuficientes. Pero centrar el debate exclusivamente en este punto sería, paradójicamente, impedir que los árboles nos dejen ver el bosque.

Porque lo que arde cada verano no son solo hectáreas de árboles o de matorrales. Lo que arde es un modelo de país que ha dado la espalda al medio rural y a sus gentes. Lo que se quema es el abandono de los pueblos, de la agricultura, de la ganadería extensiva, de la silvicultura, de todas esas actividades que durante siglos hicieron de cortafuegos natural, que mantuvieron vivo un paisaje en mosaico y que hoy languidecen sin oportunidades, sin servicios, sin relevo generacional.

Los incendios forestales son también un síntoma del cambio climático, que multiplica olas de calor, sequías prolongadas y tormentas secas. Y aquí el negacionismo ideológico de la derecha y la ultraderecha juega un papel tan nocivo como la chispa que enciende un bosque reseco: cuando se niega la crisis climática, cuando se recorta en prevención, cuando se privatizan servicios esenciales, lo que se hace en realidad es alimentar el fuego.

Necesitamos un cambio profundo en la manera de gestionar nuestros montes. No basta con más brigadas ni con más helicópteros, aunque sean imprescindibles. Hace falta una estrategia integral, estructural, a largo plazo, que combine:

• Prevención científica y tecnificada, con planificación rigurosa del territorio, recuperación de cortafuegos naturales y mantenimiento sistemático del monte.

• Inversión pública estable, que garantice plantillas suficientes, empleo digno y continuidad en la gestión más allá de los meses de verano.

• Reactivación del medio rural, con políticas que devuelvan la vida a los pueblos, apoyo a la agricultura, ganadería y silvicultura sostenible, servicios básicos de calidad y reconocimiento social a quienes cuidan la tierra.

• Coordinación y transparencia institucional, que permita que la lucha contra incendios se devuelva al terreno de la responsabilidad pública.

• Cultura de la prevención y organización de la protección civil, para que en la lucha contra los efectos del cambio climático también se tenga en cuenta el necesario papel de la ciudadanía en su propia protección.

En un artículo que escribí hace más de una década, “Siempre nos quedará Soria”, defendía la necesidad de una gestión comunal y comunitaria de los bosques. Hoy, aquella idea se revela más urgente que nunca. Porque no se trata solo de apagar incendios: se trata de reconstruir un pacto social y ambiental que nos permita heredar paisajes, biodiversidad, cultura y vida rural.

Si seguimos reduciendo el problema a un asunto de medios de extinción, los incendios forestales seguirán siendo cada año más grandes, más voraces, más letales. Si, en cambio, apostamos por el bosque entero —y no solo por los árboles— quizá aún estemos a tiempo de dejar a las generaciones futuras algo más que cenizas.

Por todo lo dicho hasta ahora es tan necesario el Pacto de Estado Frente a la Emergencia Climática que ofrece el Gobierno progresista al conjunto de los grupos políticos y administraciones territoriales.