En relación a la opaca, millonaria y trilera compraventa del ático de Chamberí por el gobierno de Díaz Ayuso, hay una cuestión que no debería quedar sepultada bajo el debate sobre procedimientos administrativos o posibles responsabilidades penales. Es la que da título a este artículo: la ética pública.
La ética pública exige actuar con objetividad, ejemplaridad, transparencia, prudencia en el gasto y respeto escrupuloso al interés general. Y exige, sobre todo, rendir cuentas.
Cuando una empresa pública compra directamente por 6,3 millones de euros un ático de lujo sin que conozcamos qué necesidad pública concreta justificaba aquella adquisición, por qué debía ser precisamente aquel inmueble, por qué se prescindió de la concurrencia o cómo podía servir para oficinas una vivienda de uso residencial, existe un problema jurídico que deberán esclarecer los tribunales. Pero existe también, y desde el primer momento, un problema de ética pública.
Y ese problema no desaparece poniendo el ático a la venta.
Mucho menos puede despacharse con un «Está en venta. Chao, pescao», como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid. Porque esos 6,3 millones no eran suyos. Porque Planifica Madrid no es una inmobiliaria privada. Y porque las decisiones de una Administración no dejan de necesitar explicación simplemente porque se intente deshacer después lo que se hizo.
La ética pública exige justamente lo contrario del «chao, pescao». Exige explicar. Dar la cara. Facilitar el expediente. Identificar quién propuso la operación, quién informó favorablemente, quién decidió prescindir del concurso, qué necesidad pública se pretendía satisfacer y por qué aquella necesidad desapareció pocos meses después.
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