La Guerra arancelaria de Trump y el abandono de las ayudas a la cooperación y el desarrollo: un golpe a las economías más pobres

 

La guerra arancelaria promovida por la administración Trump es uno de los movimientos más controvertidos de su segundo mandato, caracterizado por un enfoque agresivo y proteccionista que afecta no solo a las economías más avanzadas, sino también a las más frágiles. 

 

Europa y España están trabajando para defender a los sectores económicos más afectados por el incremento de los aranceles norteamericanos.  

 

El Consejo de ministros del Gobierno de España aprobó el 8 de abril un Real Decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial que tiene como objetivo establecer una red de seguridad para las empresas y los trabajadores que resulten afectados por el incremento de aranceles que está imponiendo Estados Unidos. Este Plan, tal como declaró el presidente Pedro Sánchez, pretende movilizar 14.100 millones de euros para mejorar la capacidad productiva de las empresas, impulsar su presencia internacional y buscar nuevos mercados, mitigando así los impactos negativos de los aranceles sobre la economía española. 

 

Pero las consecuencias de estas políticas arancelarias de la Administración Trump en los países más pobres del mundo son especialmente graves. Las economías de varios países del sudeste asiático, de África y de Centro y Sur de América, altamente dependientes del comercio con Estados Unidos, han sufrido un fuerte golpe económico debido a las nuevas tarifas anunciadas por Washington. Estos aranceles no solo representan una barrera comercial, sino una amenaza existencial para las economías que más dependen de sus exportaciones, muchas de ellas deslocalizadas por las multinacionales norteamericanas en busca de mano de obra barata. 

 

El sudeste asiático ha sido un destino elegido por empresas estadounidenses para la deslocalización de la producción, especialmente para las industrias textiles, electrónicos y de consumo masivo. Las economías de países como Vietnam, Indonesia, Tailandia, Camboya y Malasia han sido grandes receptores de inversiones debido a la mano de obra barata y la proximidad a los mercados globales. Es muy significativa la presencia en esos países de las grandes corporaciones estadounidenses como Nike (Vietnam e Indonesia), Apple (China, Vietnam y Malasia), Gap Inc. (Vietnam, Tailandia y China), Dell y Hewlett-Packard (Vietnam e Indonesia). 

 

Con la llegada de la guerra arancelaria, las consecuencias serán devastadoras. En países como Vietnam, donde los aranceles alcanzarán un 46%, y Camboya, con un 49%, los sectores exportadores se verán gravemente afectados. Estos aranceles reducirán la competitividad de las exportaciones de productos textiles y electrónicos, lo que conllevará una disminución directa de las exportaciones hacia Estados Unidos. Para los trabajadores de estos sectores, en su mayoría mujeres que dependen de las fábricas textiles, esta situación se traducirá en despidos masivos, reducción de jornadas laborales y una incertidumbre económica que podría afectar a millones de familias. 

 

En África, la deslocalización de producción ha sido más limitada en comparación con Asia, pero ha crecido en sectores clave como la manufactura textil, la minería y la producción de bienes de consumo. Países como Etiopía, Kenia, Sudáfrica y Lesoto han atraído inversiones debido a incentivos fiscales y costos laborales bajos. 

 

El impacto de los aranceles de Trump también afecta a varios de estos países africanos, cuyas economías están profundamente influenciadas por las relaciones comerciales con Estados Unidos. Un ejemplo claro es Lesoto, que ha sido insólitamente afectado por un arancel anunciado del 50%. Este pequeño país depende en gran medida de la exportación de productos textiles y diamantes a Estados Unidos. Las fábricas textiles, que emplean a unas 12.000 personas, han comenzado a reducir sus operaciones debido a la disminución de la demanda en el mercado estadounidense, lo que podría llevar al cierre de muchas de estas plantas y a un desempleo masivo. 

 

Madagascar, por su parte, enfrenta una situación similar. Con un arancel del 47%, este país, conocido por ser uno de los mayores productores de vainilla del mundo, ha visto cómo los costos de sus productos se incrementan y su competitividad se reduce en el mercado estadounidense. La industria textil, clave para su economía, también experimentará una disminución significativa en las exportaciones, afectando a miles de trabajadores. 

 

Las principales empresas norteamericanas con producción deslocalizada en África son Nike (Etiopía), Levi’s (Egipto y Sudáfrica), General Electric (Nigeria y Sudáfrica) y Procter & Gamble (Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Kenia, Ghana, Costa de Marfil y Tanzania). 

 

Para países como Lesoto y Madagascar, que dependen casi exclusivamente de las exportaciones hacia Estados Unidos, la imposición de aranceles es devastadora. Estos países no tienen la capacidad de contrarrestar la disminución de sus ingresos por exportaciones, ya que sus economías son demasiado pequeñas y su mercado interno no puede consumir productos estadounidenses en la misma medida que otros países desarrollados. Las relaciones comerciales con Estados Unidos son tan desproporcionadas que cualquier cambio en las políticas arancelarias afecta directamente la estabilidad de sus economías. 

 

También hay países de Centroamérica muy afectados por estos aranceles debido a que son numerosas las empresas norteamericanas que han deslocalizado su producción allí, entre ellas Nike (Honduras y El Salvador), Intel (Costa Rica), Dell y Hewlett-Packard (Costa Rica y Guatemala), Caterpillar (Guatemala y Costa Rica), Unilever (Honduras y El Salvador) o Textron (México y Honduras). 

 

Para los países centroamericanos, aunque forman parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), la decisión del gobierno estadounidense de no eximirlos de los nuevos aranceles puede suponer un daño comercial bastante profundo porque, aunque se les aplique el 10%, que es el arancel más bajo aplicado por el gobierno estadounidense a nivel global, sus economías son muy dependientes del comercio con los Estados Unidos. 

 

Además de la guerra arancelaria, otro aspecto de la política de Trump que ha tenido un impacto devastador en los países más pobres es su estrategia contra la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. Desde su llegada al poder en 2017, Trump adoptó una política de retirada de los compromisos internacionales de Estados Unidos en términos de ayuda al desarrollo, cooperación internacional y proyectos de asistencia humanitaria. Este cambio marcó un giro significativo respecto a las políticas previas, bajo las cuales Estados Unidos era uno de los mayores donantes de ayuda exterior en todo el mundo. 

 

En su segundo mandato, Trump ha intensificado estos recortes en la ayuda. Durante sus primeros días en el cargo, el presidente decretó que Estados Unidos suspendería su cooperación al desarrollo durante 90 días, lo que afectó a miles de proyectos en todo el mundo, especialmente en África, Asia y Centroamérica. Esta suspensión no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de reducción del gasto en programas internacionales de ayuda y cooperación. 

 

Una de las áreas más afectadas ha sido la asistencia sanitaria, especialmente en África, donde la lucha contra enfermedades como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis depende en gran medida de los fondos de cooperación internacional. La administración Trump también ha reducido sustancialmente las contribuciones a organismos internacionales clave, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que afecta a muchos países de bajos ingresos que dependen de estos fondos para mejorar sus infraestructuras sanitarias. 

 

Los proyectos de educación, acceso a agua potable, nutrición y desarrollo agrícola también han sido recortados, afectando a comunidades enteras que dependen de estos programas para mejorar sus condiciones de vida. En muchas regiones de África, la cooperación internacional es fundamental para garantizar que los países puedan cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU. Sin embargo, con el recorte de fondos y el abandono de estos proyectos por parte de Estados Unidos, los avances en áreas como la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad se verán gravemente obstaculizados. 

 

Para varios países de Centroamérica, Estados Unidos había sido un socio importante en términos de cooperación al desarrollo y asistencia para la región, pero bajo Trump, estos compromisos han sido significativamente recortados. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que durante años había sido un pilar de apoyo en programas de desarrollo, educación y salud en América Latina, ha experimentado recortes drásticos en su financiación. Estos recortes impactan sobre proyectos clave en países como Honduras, Guatemala y El Salvador, donde la cooperación internacional ha sido esencial para la lucha contra la pobreza, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos. 

 

La secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, ha alertado en varias ocasiones sobre la necesidad de que el comercio no se convierta en una fuente de inestabilidad económica, sino que debe estar al servicio del desarrollo global. La cooperación internacional debe ser vista como un instrumento de paz y prosperidad, y no como un campo de batalla para las políticas de poder de las grandes naciones. 

 

En este contexto, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para promover una economía global más inclusiva y justa, basada en el respeto mutuo, el comercio libre y la cooperación para el desarrollo. Solo a través de estas políticas globales podemos garantizar un futuro de prosperidad y estabilidad para todos. 

 

El incremento de las pensiones: el círculo virtuoso de la economía redistributiva

La economía española ha crecido un 3,2% en 2024. Lidera el crecimiento de la Unión Europea y de los países de la OCDE. Rompe todas las previsiones. 

Somos el motor de Europa. Los datos de ocupación se acercan ya a los 22 millones de personas ocupadas. Y la tasa de paro se sitúa al nivel más bajo en 17 años, por debajo del 11%.

Y esto con más estabilidad laboral, más derechos y mejores retribuciones.

¿Cómo es esto posible en medio de una sucesión de crisis ( Covid, guerra Ucrania, incremento de precios energéticos, volcán de La Palma, gota fría en València, etc.?

Es posible con políticas keynesianas en la Unión Europea y políticas más progresistas todavía en España.

En España crece la economía por los ingresos del turismo, por el concurso de la inmigración en el mercado de Trabajo…, pero también por el consumo interno.

El incremento del SMI de un 60,89% los últimos años, de 735,90€ al 2018 a 1.184€ al 2025, y el incremento de las pensiones es gran parte del secreto de este pequeño milagro de la economía española.

La revalorización de las pensiones según IPC y el incremento significativamente superior de las pensiones mínimas y las no contributivas, han supuesto un cambio de paradigma en el sistema público de pensiones.

La Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, votada en contra por el Partido Popular, significó el respaldarazo definitivo a la revalorización y mejora de las pensiones.

Cuando finalmente se convalide el Real Decreto de medidas urgentes en matèris económica, de transporte, de Seguridad Social, y para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad, la pensión subirá un 2,8%, las mínimas en torno al 6% y las no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital un 9%.

Los Gobiernos del Partido Popular subían un ofensivo 0,25% anual y el Gobierno Sánchez un 2,5% en 2022, un 8,5% en 2023, un 3,8% 2024 y ahora 2,8%.

Para eso gobernamos las izquierdas: por el progreso social, en especial de los colectivos más vulnerables. Exactamente la antítesis del que está haciendo la derecha y ultraderecha.

Es el círculo virtuoso de la Economía: a mayores ingresos de los trabajadores y pensionistas, más producción de bienes y servicios, más crecimiento económico, más ocupación, más dotación para el fondo de reserva de las pensiones, mayores ingresos tributarios..., mayores incrementos de salarios y pensiones...

Reflexiones en el V Foro Compromiso por la Educación Vial

El pasado 14 de octubre tuve el honor de participar en una de las mesas del V Foro Compromiso por la Educación Vial que tuvo lugar en el Senado y que se centraba en el debate sobre los dos años de entrada en vigor de los Reales Decretos por los que se establecieron la ordenación y las enseñanzas mínimas que incluyen la educación vial en primaria, secundaria y bachiller.

Mi intervención giró en torno a tres ideas/reivindicaciones en relación a la cuestión planteada.

En primer lugar, reivindicar la política útil. La que tiene como objetivo mejorar la vida de las personas y la que es instrumento de progreso y transformación social. En estas políticas se inscribe, sin duda, la aprobación en 2022 de los Reales Decretos que desarrollan y dan cumplimiento a uno de los principios enunciados en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. LOMLOE:

"Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico".

En segundo lugar, reivindicar los nuevos paradigmas sobre la movilidad segura y sostenible, en los que se debe enmarcar ahora la seguridad vial y la educación vial.

La seguridad vial y la educación vial no van de normas y aptitudes – que también -, sino de valores y actitudes. Como usuario de la vía y como usuario de la vida. Ambas, vía y vida, compartidas con los demás y comprometidas con el medio ambiente.

Y en tercer lugar, reivindicar a quienes dedican y han dedicado parte de sus vidas y sus profesiones a hacer que esto que hacemos hoy aquí (celebrar el segundo aniversario de la implementación de la educación vial en el currículum escolar) sea una realidad.

Un compañero de la Guardia Urbana de Badalona, José María Navarro, referente en este ámbito, me explicaba hace unos días cómo fue la transición, en los años 90, de una educación vial para escolares más bien basada en las normas, señales y aptitudes, a una educación más transversal y basada en valores y actitudes como usuarios de la vía.

Me contaba los primeros contactos con los docentes interesados en este enfoque, la aplicación de metodologías pedagógicas, la asunción de los programas de educación vial por la entonces Gerencia de Tráfico, posterior Servei Català de Trànsit (1998), la creación de formación reglada para policías locales monitores de educación vial.

Y me contaba cómo estos métodos se han impuesto a los más normativos, y cómo ahora contamos en toda la geografía española con auténticos cracs en la materia (policías, educadores, técnicos…).

A todos ellos, muchísimas gracias y NO ABANDONÉIS TAN BONITO PROYECTO.

CIRCULAR CON UN VEHÍCULO A MOTOR ES UNA ACTIVIDAD DE RIESGO. CERO ALCOHOL AL VOLANTE

Cada vez que ponemos en marcha un vehículo a motor, estamos introduciendo un riesgo en la vía pública, un riesgo para el resto de usuarios y para nosotros mismos. Por eso la circulación de vehículos a motor, y no otras actividades más naturalmente humanas, deben tener seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Hemos normalizado tanto el hecho de circular en vehículos a motor que hemos olvidado esta realidad: circular con vehículo a motor es una actividad de riesgo.

En la academia de policía me enseñaron que un accidente de tráfico es “un suceso eventual que ocurre con motivo de la circulación, en el que al menos interviene una unidad de tráfico y tiene como resultado muerte o lesiones en las personas o daño en las cosas".

Pero la verdad es que la definición – que debemos al ingeniero norteamericano Stannard Baker en los años 70 – ha resultado insuficiente o inadecuada. ¿Por qué? Porque más que eventual o CASUAL, los accidentes de tráfico son CAUSALES. Tienen una o más CAUSAS.

Y una de las causas más comunes en los accidentes con víctimas mortales (más del 30% según la DGT) es la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Hemos avanzado mucho en las últimas décadas. Hasta el año 93 a penas se imputaba en España a conductores bebidos que habían ocasionado accidentes de tráfico. Hasta el Código Penal del 95 (con efectos mayo del 96) no se perfeccionó el tipo penal del Delito Contra la Seguridad del Tráfico. En julio de 2006 entró en vigor el carnet por puntos, que también fue una gran herramienta contra esta lacra.

Pero a la vista de las estadísticas, la cuestión está lejos de estar bajo control.

Hoy vemos que fue un error aquella publicidad a cerca de cuántas consumiciones de alcohol podíamos hacer sin llegar a dar un resultado de alcoholemia positiva; según sexo, peso y gradación de la bebida.

Y es que no se trata de cuánto alcohol puedo beber para no dar positivo. Se trata de que para realizar una actividad que implica un riesgo para la seguridad y la vida de otras personas y la nuestra propia, quien tiene la responsabilidad de esa actividad, debe abstenerse de consumir alcohol.

En el pleno del ayer, 10 de octubre, se aprobó una Propuesta No de Ley para instar al Gobierno a rebajar las tasas permitidas de alcoholemia a 0,2 gr x litro sangre (0,1 mgr x litro aire espirado) con los votos a favor de todos los grupos - excepto del Partido Popular que se abstuvo y Vox que votó en contra.

Esta tasa implica aceptar un pequeño margen de error, pero con un mensaje claro: Solo 0,0 es garantía de estar haciendo lo correcto.

La lucha contra el cambio climático también es lucha de clases

Desde hace unos años la comunidad científica insiste en que el cambio climático es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad y la vida en el planeta Tierra. 

Los efectos y las consecuencias las estamos viendo a diario: aumento de las temperaturas y de las olas de calor; incremento de los fenómenos meteorológicos extremos; sequías; aumento del nivel del mar; incendios forestales de nueva generación; pérdida de biodiversidad; expansión pandémica de enfermedades; hambrunas; crisis humanitarias por desplazamientos de poblaciones afectadas; pérdida de modos de subsistencia y de puestos de trabajo, etc.

Y, como dice el lema hecho suyo por movimientos ecologistas, “NO HAY PLANETA B”. Pero, si lo hubiera, no sería ese planeta la tabla de salvación de las clases populares. Si lo hubiera, sería un planeta VIP para los megapoderosos, multimillonarios, sátrapas y élites sociales.

De hecho, en el planeta A (la Tierra), que es el nuestro de aquí y de ahora, quien tiene medios, tiene más posibilidades de buscarse un “plan B” para combatir mejor los efectos del cambio climático. 

Lo vimos con los confinamientos por el Covid. No fue lo mismo pasarlo en una vivienda amplia con terraza o jardín que hacinados en una infravivienda. No fue lo mismo no tener parques o bosques a donde salir a pasear cerca de casa en las franjas horarias permitidas que hacerlo por asfalto y aceras.

No es lo mismo pasar una ola de calor con aire acondicionado y piscina que pasarlo con miedo al recibo eléctrico por poner un ventilador.

Y así podríamos seguir con cientos de ejemplos, micro y macro, que demuestran que los efectos del cambio climático son más negativos para las clases trabajadoras, por no mencionar a las personas que habitan en países del tercer mundo o en zonas asoladas por la guerra.

La paradoja es que, siendo el cambio climático, el peor enemigo de la clase trabajadora, es entre las clases más populares donde más cala el negacionismo climático financiado interesadamente por los mismos que ya tienen “plan B” y hasta podrían tener “planeta B”: los megapoderosos, multimillonarios, sátrapas y algunas élites sociales. La mayoría de ellos alineados con postulados de la ultraderecha política.

Por eso es tan necesario que la lucha contra el cambio climático sea socialmente justa. Y es ahí donde deben encontrarse las izquierdas, los movimientos de progreso y los sindicatos de clase. En las soluciones que no dejen a nadie atrás, en las soluciones que comporten progreso socioeconómico y, a la vez, mejora medioambiental.

ROCAFONDA, ORGULL - I REIVINDICACIÓ - DE BARRI

Gràcies a Lamine Yamal i a la seva celebració dels gols fent amb les mans el número 304, que és la terminació del codi postal del barri de Rocafonda, s’ha posat el barri de moda. Un gran gest que honora a Lamine i que li hem d’agrair totes les persones de Mataró, de Rocafonda i, per extensió, de tots els barris de classe obrera.

Ser de barri s’ha de dur amb orgull.

La casualitat ha volgut que també Les Santes s’hagin recordat de Rocafonda. Enguany el seu icònic cartell és obra d’altra veí de Rocafonda, Mohamed L’Ghacham i la seva execució és en format mural que llueix a una paret mitgera al carrer Perú, a Rocafonda. I també el codi 304 llueix a l’esquena de la samarreta commemorativa de Les Santes d’enguany.

Els barris que conformen Rocafonda, El Palau i l’Escorxador, són una bona mostra de la nostra ciutat en molts aspectes. Són barris plens de vida, d’infants i joves; plural; ple de comerços; rics en entitats i associacions. Són barris amb equipaments i serveis. Molt ben comunicats amb la resta de Mataró i amb l’exterior. Fan frontera amb un espai que és identitat per a Mataró: la riera de Sant Simó i està a tocar del parc agrari de Les Cinc Sènies.

Però... les dades socioeconòmiques, juntament amb el barri de Cerdanyola Sud, són molt inferiors a la mitjana de la ciutat i a la mitjana de Catalunya.

Als problemes comuns als barris obrers de Catalunya i d’Espanya (greu dificultat d’accés a un habitatge digne; precarietat laboral i atur; manca d’oportunitats per als joves), s’afegeixen problemes estructurals del mal urbanisme dels anys 60 i 70, deficiències del parc d’habitatges (aluminosi, manca d’ascensors i d’aparcaments comunitaris) i dificultats derivades dels fluxos d'immigració (major en aquests barris que a la resta de la ciutat) i de les externalitats provocades per la segregació de Mataró respecte a la comarca i respecte de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (veure estudi).

Per això, ja al mandat 2015-2019, vàrem arribar a la conclusió, en el marc del debat estratègic Mataró 2022, que la cohesió social i territorial de la nostra ciutat era l’eix principal sobre el qual havíem de treballar. I, des d'aleshores, tots els plans estratègics i plans d’actuació del Govern municipal han incorporat aquesta premissa.

Però Mataró no pot encarar sola els reptes que suposen els dèficits socioeconòmics dels nostres barris. Tal com portem reclamant des de 2001, quan es van endegar els Plans Integrals de Barri de Cerdanyola i de Rocafonda, Palau i Escorxador, cal que la Generalitat, que és l’administració que té les competències en les polítiques d’habitatge, d’ocupació, d’educació, de salut, de serveis socials, de seguretat, prioritzi també la cohesió social i territorial del país.

La primera llei que va aprovar el Govern progressista de Pasqual Maragall va ser precisament la Llei 2/2004,de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.

El Pla integral de Cerdanyola va ser inclòs en la primera fase d’intervencions de la Llei de Barris al 2005 i el de Rocafonda, Palau i Escorxador a una fase posterior, al 2007, amb el president Montilla a la Presidència de la Generalitat.

Els plans van ser producte d’un procés participatiu de diagnosi i propostes. I gràcies a aquests plans i a la Llei de Barris, Rocafonda, Palau i Escorxador van poder viure una notable millora en equipaments (com la biblioteca Antoni Comas), espais públics (Parc de Rocafonda), reurbanització de carrers (grup Les Santes), parc d’habitatges (restauració de façanes) i serveis socioeducatius.

El canvi de Govern a 2011 va suposar un veritable daltabaix a les polítiques de cohesió social i territorial. Els projectes de Llei de Barris van quedar sense finançament i es va acumular un important deute per part de la Generalitat, tant a l’ajuntament de Mataró com les comunitats de veïns.

Al 2017 es van saldar els deutes i es va obrir un nou cofinançament de projectes pendents que ens van possibilitar la remodelació total de la Plaça Joan XXIII, la urbanització d’un tram de la Ronda Cervantes i la rehabilitació d’alguns immobles del barri de Rocafonda i Palau.

A partir d’aquesta data, la Llei de Barris va deixar de funcionar i els respectius Governs de la Generalitat i majories parlamentàries que els recolzaven no van ser sensibles a la necessitat d'invertir als barris del país amb majors desequilibris socioeconòmics.

L’ajuntament de Mataró, però, sí ha prioritzat la necessitat de comptar amb renovats instruments de planificació integral dels barris de Cerdanyola i de Rocafonda, Palau i Escorxador. Al 2019 s’aprovà el Pla d’actuació integral de Cerdanyola i el 2021 el Pla de Rocafonda, Palau i Escorxador. Ambdós, previ processos d’avaluació i diagnosi tècnica i participativa amb el teixit associatiu dels barris.

Mataró i els nostres barris reclamem una nova Llei de Barris (o el seu equivalent). Fins ara, amb governs de la Generalitat poc centrats en els problemes reals de la gent, no l’hem tinguda. I quan per fi s’anuncia un nou projecte de barris «per a la intervenció en àrees urbanes que requereixen una atenció social», resulta que Rocafonda-Palau-Escorzador i Cerdanyola no hi són entre els barris a intervenir.

Confiem que el proper Govern estigui presidit per Salvador Illa i que, com varen fer els governs progressistes de Pasqual Maragall i Josep Montilla, es continuï intervenint i invertint a Rocafonda-Palau-Escorxador i a Cerdanyola.

Mentrestant, gaudim de l’orgull de barri i de ciutat que ens regalen el Lamine Yamal o el Mohamend L´Ghacham. I glòria a Les Santes!

EL PROYECTO DE LEY DE MOVILIDAD SOSTENIBLE Y LA SEGURIDAD VIAL | ENTORNOS ESCOLARES

En mis primeros años de agente de policía local en Badalona, uno de los servicios que menos me gustaban era el de protección escolar a las entradas o salidas de algunos colegios del centro de la ciudad. Y no me gustaba porque aquel servicio iba en contra de todo lo que me habían enseñado en la academia de policía sobre disciplina viaria, sobre el interés superior del menor o sobre el principio de autoridad.

Prestar aquel servicio era misión imposible.

Como en otros muchos centros escolares, en toda España, entonces y ahora, el mayor riesgo para los niños y niñas eran los propios coches de sus padres aparcando o parando sobre la acera, en doble o triple fila en la misma puerta del colegio. ¡Y cualquiera les decía algo!

El pretendido derecho de ir en coche a todos los sitios y para todas las ocasiones, al que se debe añadir el no menos exigido derecho de poder parar o estacionar en cualquier lugar, es una constante en la gestión política de la movilidad en casco urbano y en la gestión de la disciplina vial por parte de los encargados de aplicar las normas.

En mis años como regidor de Movilidad en Mataró he podido ayudar a mejorar la situación en los entornos de varios centros escolares, priorizando la seguridad de los menores mediante actuaciones en el espacio físico: ampliación de aceras en las entradas y zona adyacente, eliminación de estacionamientos de los accesos, instalación de barreras de protección, instalación de pasos elevados, estrechamiento de la distancia entre acera y acera en los pasos peatonales o reforzamiento de la señalización. También se ha actuado en la mejora de la seguridad en los itinerarios escolares.

Aún así, nunca es suficiente, si la escuela o su entorno está en una vía de afluencia de tráfico no pacificado.

Hay que ser sensible a los derechos de accesibilidad de las personas con movilidad reducida que necesiten transporte motorizado hasta y desde las escuelas. Pero, paralelamente, hay que ser rigurosos en la reducción de riesgos y en la mejora de la calidad de vida de nuestros menores.

Por eso es imperativo seguir avanzando en el derecho de los menores en particular – y de los ciudadanos en general - a poder caminar por las calles de los pueblos y las ciudades y a poder ir y venir de la escuela, con los mínimos riesgos posibles derivados del tráfico del vehículos a motor. También el derecho a respirar aire menos contaminado.

Este es uno de los objetivos del Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 12 de febrero de 2024 y remitió a las Cortes Generales, donde está actualmente en trámite de enmiendas previas a su paso por el Pleno del Congreso que deberá ratificar su tramitación, por la vía de urgencia, con el fin de que la ley pueda aprobarse antes de que termine el año.

En el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible se trata ampliamente la seguridad en los entornos escolares.

En su artículo 16 prevé que el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible (DOMOS), que establecerá el marco esencial de orientaciones sobre movilidad sostenible o condiciones orientativas de una planificación y gestión sostenible del transporte y la movilidad, habrá de incluir entre sus directrices metodológicas (art. 19.2.d) «Planes de movilidad activa, saludable, sostenible y segura a centros educativos y entornos escolares y de formación».

En su artículo 22.4 relativo a la Formación a la ciudadanía en movilidad sostenible, establece que las Administraciones educativas también garantizarán, en coordinación con las administraciones competentes en materia de movilidad, instituciones y organizaciones de su entorno, la creación de entornos escolares seguros, saludables y sostenibles, y los caminos escolares que permitan los desplazamientos seguros y sostenibles.

Y en el artículo 30.3 sobre Planificación urbana para el fomento de la movilidad activa, obliga a que las administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, en el momento de desarrollar la planificación del espacio urbano, tenderán a reforzar el papel de las calles, plazas y demás elementos estructurales como espacios clave para la vida y las relaciones sociales, mediante actuaciones como la creación de entornos escolares y de formación seguros, saludables y sostenibles, fomentando los caminos escolares que permitan al alumnado desplazarse al centro educativo o formativo de forma activa y autónoma.

También la vigente Ley7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, en su artículo 14.3.h) establece que los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptarán antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible que introduzcan medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo, entre otros, el establecimiento de criterios específicos para mejorar la calidad del aire alrededor de centros escolares, sanitarios u otros de especial sensibilidad, cuando sea necesario de conformidad con la normativa en materia de calidad del aire.

Lo primero es antes (¡Se acabó!)

Como le gusta decir al maestro López Bulla, a menudo citando la fuente (el padre de José Sacristán), “lo primero es antes”. Y lo primero es parar los pies a quienes demasiado indulgentemente llamamos “fachosfera”, pero que no son otros que los poderes fácticos y fascistoides de toda la vida.

Que no nos engañe la sofisticación de medios del fascio. El fin les justifica los medios. Y si para ese fin (the objective, como el libelo del mismo nombre, AKA El Ojete o el Contenedor Amarillo) hay que partirle las piernas a alguien, pues se las parten. O se les da el paseíllo o se les condena sumarísimamente en una farsa de juicio, pues se hace. O se le enmierda la imagen, se injuria, calumnia, denuncia falsamente,… lo que haga falta.

Ellos, eso sí, pueden cobrar comisiones en diferido a través de novio/testaferro, arengar a la toma de Ferraz, navegar con narcotraficantes, destruir discos duros, controlar la sala del Supremo desde atrás, bloquear la renovación del Consejo del Poder Judicial, inventarse informes policiales para encausar a adversarios políticos, espiar a propios y extraños… porque el poder es suyo y hacen lo que les da la gana.

Lo primero es antes y lo primero es apoyar al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su familia, para que sientan que no están solos en esta lucha. Y acto seguido decir “¡se acabó!” como las admirables mujeres de la selección de fútbol y todas las que las siguieron y apoyaron y como lo cantó antes María Jiménez.

¡Se acabó!. Hay que gritarlo muy alto porque “no todo vale” en la disputa política.

Pero después de lo primero viene lo segundo. Y lo segundo es acabar con la impunidad de los poderes fácticos antidemocráticos. Esos que solo son felices cuando ganan sus derechas y que se ponen en modo basilisco en cuanto pierden alguna de las instituciones – que no el Poder, que ese no lo pierden nunca -. 

“El que pueda hacer, que haga” dijo el de la foto de las Azores, y ¡vaya, si están haciendo de las suyas!.

No podemos admitir que algunos quieran ganar desde los sótanos más turbios de los juzgados, lo que no han conseguido con los votos de la ciudadanía o con la aritmética parlamentaria.

Sobre la justa oficialidad del catalán en Europa... y en España. Por la mejora del modelo federal.

La UE tiene 24 lenguas oficiales, de acuerdo con el artículo 55 del Tratado de la UE (TUE): el alemán, el búlgaro, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco.

Según ese mismo articulo del TUE “El presente Tratado podrá asimismo traducirse a cualquier otra lengua que determinen los Estados miembros entre aquellas que, de conformidad con sus ordenamientos constitucionales, tengan estatuto de lengua oficial en la totalidad o en parte de su territorio. El Estado miembro de que se trate facilitará una copia certificada de estas traducciones, que se depositará en los archivos del Consejo”.

El alemán es la lengua oficial de aproximadamente unos 95 millones de personas en la Unión Europea. Lo que supone aproximadamente un 20% de la población y, por tanto, la mayoritaria. El alemán es la lengua oficial de Alemania y Austria y es co-oficial en Bélgica y Luxemburgo. Es la lengua oficial más hablada en número de habitantes de la UE.

El francés ha sido a lo largo de la historia la lengua de la diplomacia. Actualmente es uno de los seis idiomas oficiales de la ONU, de la UNESCO y del FMI, entre otros. El francés además es la lengua oficial de Francia y co-oficial en Bélgica y Luxemburgo. En la Unión europea es la lengua oficial del 14% de la población, la segunda lengua oficial más hablada.

El español es la cuarta lengua oficial más hablada en la UE, después del italiano y por encima del polaco (contando hablantes de lengua materna y como segundo idioma), pero que a diferencia de estos otros idiomas, el español es una de las seis lenguas oficiales de la ONU y la cuarta lengua más hablada en el mundo.

Según los informes de Eurostat, el inglés es el idioma más estudiado en la enseñanza primaria de los países de Europa (59% - 2006) y sobre todo en la enseñanza secundaria (87,3% - 2006). En la Unión Europea, después del Brexit, solo es la lengua oficial de Irlanda, pero es la lengua más hablada en el mundo, ya sea como primera o segunda lengua. De hecho es, sin reconocimiento oficial, la verdadera lengua franca mundial en la mayoría de los ámbitos de actividad.

Y a pesar de todo lo informado hasta ahora, la Unión Europea decidió que todas las lenguas oficiales de los Estados miembros fueran lenguas oficiales de la Unión. Veinticuatro lenguas, una auténtica ·torre de Babel" - como le gusta denominarla a los contrarios al federalismo y detractores del plurilingüismo - cuando con tres o cuatro lenguas cubriría un amplio espectro de conocimiento por parte de la población europea y sus representantes.

¿Por qué se optó por el modelo federal plurilingüe en lugar de por el modelo diplomático de las instituciones internacionales? Es de suponer que porque para Europa y los europeos las lenguas no son solo un medio de comunicación, sino también parte importante de la cultura, historia e identidad plural de nuestro continente.

Por los mismos motivos, el catalán, el euskera y el gallego deberían ser lenguas oficiales en la Unión Europea. Obedecería a la misma lógica del modelo federal europeo.

No deja de ser un contrasentido y una anomalía en la lógica europea federal y plurilingüe que el catalán, con aproximadamente 10 millones de personas en España y Europa que lo hablan o entienden (4,5 millones como primera lengua), no tenga ninguna oficialidad en Europa y, sin embargo, sería oficial si entrase Andorra en la UE con sus aproximadamente 50.000 catalanoparlantes habituales.

Pero más sentido tiene aún que el catalán, el euskera y el vasco sean lenguas oficiales en el Congreso y en el Senado, por los mismos motivos que en la UE y perfectamente compatibles con la letra y el espíritu de la Constitución Española, porque España es un Estado plurilingüe y con vocación federal en su llamado Estado de las Autonomías.