De la guerra preventiva al orden público preventivo: ensayo de un Estado totalitario

En las democracias modernas, el poder militar fue destinado a los espacios de seguridad nacional y catástrofes humanitarias; la administración civil del orden público, la seguridad ciudadana y la protección de derechos quedaron reservadas para cuerpos policiales, legítimos depositarios del monopolio de la fuerza. Sin embargo, el reciente giro de Donald Trump —desde ordenar al Pentágono que prepare a la Guardia Nacional para “sofocar disturbios civiles” hasta desplegar tropas federales en ciudades “enemigas”— cristaliza una nueva fase: el orden público preventivo, es decir, el uso anticipado –cuando no la mera exhibición– de la fuerza militar para inhibir la protesta y el conflicto, erosionando así los pilares mismos de la democracia.

Este viraje se ha materializado en tres escenarios especialmente significativos: Los Ángeles, Washington D.C. y, potencialmente, Chicago y San Francisco. En todos ellos, la constante es la misma: la injerencia federal sobre autoridades locales demócratas y la militarización de la vida civil como forma de gobierno.

Ahora bien, este fenómeno no puede comprenderse únicamente como una decisión coyuntural o un exceso personalista. Responde a una lógica más profunda que ya ha sido descrita por varios autores críticos:

- La excepción securitaria como regla

Giorgio Agamben explicó que el “estado de excepción” tiende a normalizarse hasta convertirse en un modo de gobierno. Trump no declara formalmente un estado de emergencia, pero su doctrina del orden público preventivo funciona como una excepción securitaria permanente: suspende de facto garantías constitucionales (como el derecho a la protesta o la autonomía de los estados) en nombre de una amenaza siempre difusa —inmigración, crimen, disturbios posibles. Lo que se presenta como extraordinario se institucionaliza en la práctica, ampliando el poder punitivo del ejecutivo.

- La gobernanza del miedo como estrategia

La política de Trump puede leerse como un ejemplo paradigmático de “gobernanza del miedo”. Heinz Bude mostró cómo el miedo moldea las relaciones sociales y la identidad contemporánea: ciudadanos que internalizan la amenaza viven bajo una constante sensación de vulnerabilidad. Esa es precisamente la base sobre la que se erige el discurso trumpista: instalar la idea de que la sociedad estadounidense está siempre “al borde del caos”.

Zygmunt Bauman, en Miedo líquido, describía una ansiedad difusa ante amenazas que nunca terminan de concretarse. La retórica del “enemigo interior” (migrantes, agitadores, radicales) funciona en esa misma lógica: no importa si el disturbio ocurre o no, lo relevante es que se perciba como inminente. El miedo no se calma, se recicla continuamente en nuevas figuras de peligro.

Autores como Loïc Wacquant o David Garland han relacionado este fenómeno con el populismo penal y la expansión del control: la inseguridad se convierte en excusa para reforzar un aparato punitivo que no resuelve los problemas estructurales, pero sí consolida la centralidad autoritaria del Estado. En este sentido, la doctrina del orden público preventivo no busca tanto gestionar riesgos reales como producir miedo útil, un miedo que discipline, divida y debilite la capacidad de protesta democrática.

¿Qué pretende Trump en realidad? Más que garantizar seguridad efectiva, parece construir un clima de alarma permanente que legitime la concentración de poder y la represión anticipada de la disidencia. De este modo, se dibuja un círculo perverso: el miedo genera medidas excepcionales; las medidas excepcionales alimentan más miedo; y, en ese terreno, florece un Estado con rasgos crecientemente totalitarios.

Qué pretende Trump y qué pretenden todos los dirigentes occidentales de esta ultraderecha iliberal y retrógrada.

Lo que está en juego no es solo la gestión democrática en Washington o Los Ángeles, ni siquiera en el conjunto de los Estados Unidos, sino la supervivencia misma de la democracia como forma de vida política.

La autodestrucción en streaming: espectáculo, deshumanización y delito

 

La reciente muerte en directo del streamer francés Raphaël Graven, conocido en las redes como Jean Pormanove, es síntoma de lo enferma que está nuestra sociedad. Su “suicidio” retransmitido en directo por streaming recuerda de manera inquietante a una escena profética del clásico Network. Un mundo implacable (1976). En aquella película, el presentador Howard Beale (interpretado por Peter Finch), incapaz de sostener el interés de la audiencia, decide quitarse la vida en directo, sellando así la paradoja de una televisión que convierte la desesperación en espectáculo. Medio siglo después, la ficción se ha convertido en realidad.

Lo que hemos visto no es un simple acto individual, aislado y voluntario. Es un fenómeno social que interpela tanto a las personas como a las plataformas. Y, contrariamente a lo que algunos defienden, no puede despacharse con el argumento de que “si la víctima consiente, no hay delito”. El Código Penal español es claro: el suicidio y la autolesión no son punibles, pero la inducción, cooperación o promoción de estas conductas sí lo son.

Los artículos 143, 143 bis y 156 ter castigan la inducción al suicidio o la autolesión, así como la difusión de contenidos que inciten a ello en menores o personas vulnerables. El consentimiento no borra la responsabilidad de quien alienta, explota o se beneficia del espectáculo del dolor ajeno. Y cuando una plataforma multiplica esa exposición, favoreciendo la viralidad, se convierte en cómplice indirecto de la degradación.

Aquí no estamos ante una simple cuestión penal, sino frente a una radiografía incómoda de nuestra cultura digital. Una cultura en la que los algoritmos premian con visibilidad el sufrimiento, donde miles de espectadores no solo miran, sino que interactúan, jalean o monetizan. En ese engranaje, la autodestrucción deja de ser un drama humano para transformarse en un producto de consumo masivo.

La pregunta es tan sencilla como inquietante: ¿qué nos dice de nosotros mismos que la muerte o la humillación en directo se conviertan en trending topic? ¿Cuándo dejamos de reaccionar con compasión para hacerlo con morbo?

Necesitamos un cambio urgente. El derecho ya ofrece instrumentos para sancionar la inducción y proteger a las víctimas, pero no basta. Urge reforzar los mecanismos de prevención, control y prohibición de este tipo de emisiones. Urge que las plataformas asuman la responsabilidad de frenar la difusión de contenidos que deshumanizan. Y urge, sobre todo, una reflexión colectiva sobre lo que significa vivir en una sociedad donde la desesperación de alguien se convierte en entretenimiento para todos.

Si Network era una advertencia, lo de hoy es una constatación: hemos cruzado el umbral. Y si no somos capaces de poner límites, lo que se degrada no es solo la víctima que se deja humillar o lesionar o que, como en este caso, muere en directo. Lo que se degrada, irremediablemente, es nuestra humanidad.

AlcohoFest. Alcohol y fiestas: tradición o problema de salud pública

 

En muchas celebraciones españolas, el consumo excesivo de alcohol se ha convertido en un elemento casi inseparable de la “fiesta”. Sin embargo, las consecuencias para la salud y la convivencia distan mucho de ser anecdóticas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que el alcohol, incluso en cantidades moderadas, aumenta el riesgo de cáncer y está vinculado a enfermedades, lesiones, violencia y accidentes de tráfico. Aun así, la conciencia pública sobre estos riesgos sigue siendo baja y el conocido mensaje de “se recomienda un consumo moderado de alcohol” parece que no va con una parte de la población.

En este contexto, resulta significativa la reciente decisión delAyuntamiento de Barcelona de prohibir las llamadas “rutas de borrachera” en toda la ciudad y durante las 24 horas del día. Hasta ahora, estas actividades —recorridos por bares y pubs para beber chupitos a precios reducidos— estaban restringidas de forma parcial en Ciutat Vella desde 2012 y en el Eixample desde 2023. El nuevo decreto, vigente durante cuatro años, busca proteger la convivencia ciudadana, el descanso vecinal y la salud pública.

Aplaudo la medida y el esfuerzo de todas las administraciones que combaten el llamado “turismo de borrachera”. Sin embargo, el problema no se limita al turismo: tampoco hay consumo abusivo “bueno” y consumo abusivo “malo”. Ampararse en la “tradición” o la “cultura popular” para justificar excesos contradice el sentido común y la coherencia de las políticas públicas. Lo hemos visto en otras costumbres ligadas a festejos que, con el tiempo, se han cuestionado por su componente machista, su maltrato animal o su carácter degradante. Pero no se ha cuestionado el consumo de alcohol.

Como señalaba Antonio Muñoz Molina en un artículo - creo que de principios de los noventa -, muchas fiestas “tradicionales” esconden coartadas para prácticas que poco tienen que ver con el espíritu cívico, la celebración sana o la cultura popular. Y aunque hoy no lancemos cabras desde campanarios ni arranquemos cabezas de gansos, abundan las ocasiones para beber en exceso en nombre de la fiesta.

Basta buscar “correbares” o “correbars” en internet para comprobar que en muchas localidades, especialmente en Cataluña, se organizan dentro de las fiestas populares. ¿Por qué aceptamos que algo tan nocivo forme parte estructural de nuestras celebraciones?

Si de verdad queremos una sociedad más saludable y respetuosa, no basta con regular el consumo de alcohol en entornos turísticos. Es necesario replantearnos, sin excusas, el lugar que ocupa la embriaguez en nuestras fiestas y tradiciones. La pregunta no es si se puede beber o cuánto se puede beber; la verdadera cuestión es: ¿por qué seguimos celebrando bebiendo hasta perder el control?

¿Cuántas personas perderán la vida porque alguien se ha puesto a los mandos de un vehículo a motor después de festejar con alcohol en alguna verbena veraniega? ¿Debe recaer toda la responsabilidad en la lucha contra esta lacra en las policías de tráfico?

Sé que soy un aguafiestas. Pero alguien lo tenía que decir.

Cambia la ley: un seguro obligatorio para cada patinete eléctrico

Giro decisivo en la normativa sobre responsabilidad civil y seguros: el Congreso aprueba que, por primera vez en España, sea obligatorio asegurar patinetes eléctricos y otros vehículos personales ligeros. El objetivo es lograr una mayor protección de las víctimas de accidentes y adapta el concepto de “vehículo a motor” que, según la directiva europea, ya establecía la necesidad de una cobertura obligatoria para estos vehículos.

A partir de ahora, también las bicicletas eléctricas de alta velocidad, ciclomotores de categoría L1e-B y los patinetes eléctricos deberán tener un seguro obligatorio. Además, la norma exige que estos vehículos cuenten con un registro público o matrícula, cuya implementación deberá estar operativa antes del 2 de enero de 2026.

De esta forma, los usuarios tienen un plazo de seis meses (hasta el 28 de enero de 2026) para contratar la póliza. Si no lo hacen, las sanciones serán de entre 200,33 euros a 1.001,66 euros. Pero este cambio en la normativa supone, sin duda, una buena noticia para la movilidad. Porque el Gobierno defiende que los vehículos de movilidad personal son una herramienta clave para la movilidad sostenible. Ahora, una mayor regulación, favorecerá la convivencia y la seguridad vial.

Y es que se estima que en España hay más de 5 millones de patinetes eléctricos en circulación: no emiten CO₂, reducen la congestión y permiten cubrir el “primer y último kilómetro”, ese tramo que muchos usuarios hacen hoy en vehículo privado. Es un gran avance en movilidad sostenible que ahora se complementa con una buena noticia para la seguridad de todos los ciudadanos.

El cambio en la norma, impulsado por el Grupo Socialista, es un clamor para la ciudadanía y los expertos. De hecho, organismos y asociaciones ya habían reclamado desde hace años la adopción de estas medidas, entre ellos, la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes. Según la Fundación Mapfre, los patinetes eléctricos, que alcanzan hasta 25 km/h, están implicados cada año en casi 400 accidentes en España, con 14 víctimas mortales y 240 heridos (102 graves) solo en 2024.

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Juan Carlos Jerez Antequera, vicepresidente primero de la Comisión de Seguridad Vial.

Esta reforma busca armonizar la seguridad vial con el impulso a la micromovilidad. A juicio de defensores de la norma, facilitar un medio de transporte limpio no debe dejar desprotegidos a peatones ni otros usuarios de la vía. Aunque se alcen voces críticas que consideran que estas medidas podrían desanimar a muchos potenciales usuarios, lo cierto es que este giro normativo refuerza la convivencia segura en ciudades sostenibles que buscan reducir el uso del coche privado, pero apostando por que en las calles no aumenten los riesgos viales.

Artículo publicado el 7 de agosto de 2025 en el perfil de Linkedin del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados.

La justicia de la reforma

 

La reforma de la Justicia ha sido durante años un anhelo repetido pero pocas veces concretado. Hoy, el Gobierno da un paso firme al presentar una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que merece, por fin, llamarse con otro nombre: la justicia de la reforma. Porque no se trata únicamente de reorganizar estructuras o revisar procedimientos, sino de hacer justicia dentro del propio sistema judicial: abrirlo, modernizarlo y, sobre todo, legitimarlo ante una ciudadanía que lo percibe con creciente escepticismo.

La iniciativa, impulsada por el ministro Félix Bolaños, nace de una triple necesidad: adecuar la Justicia española al siglo XXI, atender a los requerimientos de la Comisión Europea y responder a una demanda social que no deja de crecer. En un país donde el acceso a la judicatura aún está condicionado por el origen socioeconómico, donde el lenguaje jurídico permanece inaccesible para la mayoría y donde la endogamia profesional ha consolidado castas internas, la reforma es no solo deseable, sino urgente.

Como ha subrayado el magistrado emérito Martín Pallín, esta reforma es, ante todo, un acto de regeneración democrática. No solo por lo que propone, sino por lo que denuncia implícitamente: que la Justicia, tal como está, ni es justa, ni es equitativa, ni es representativa. Que no responde a los estándares éticos ni de excelencia que la sociedad exige. Y que necesita ser transformada de forma estructural, no cosmética.

Entre las medidas clave, destacan la introducción de una prueba escrita práctica en el acceso a la carrera judicial, que permite evaluar competencias reales como la capacidad de redacción jurídica —clave en la labor de jueces y fiscales— y no solo la memorización de temarios. Esta prueba será anonimizada y grabada, garantizando mayor objetividad y seguridad para todos los candidatos.

También se incorporan mecanismos de equidad social, como el blindaje de las becas SERÉ —con cuantías mínimas igual al salario mínimo interprofesional—, y la creación de centros públicos de preparación en todos los territorios. Se trata de democratizar el acceso a la Justicia, abriendo la puerta a nuevos perfiles, más allá de quienes pueden permitirse años de formación privada y costosa.

Una de las apuestas más transformadoras es la regularización del colectivo de jueces y fiscales sustitutos, más del 80% mujeres, que llevan años ejerciendo sin estabilidad ni derechos equiparables a sus colegas titulares. La Comisión Europea ha exigido a España resolver esta situación, que vulnera principios básicos de empleo público. El proceso previsto, a través de concurso-oposición, reconoce su experiencia sin vulnerar los principios de mérito y capacidad.

La reforma también ataca de frente uno de los tabúes del poder judicial: la falta de transparencia y control interno. Desde la reconfiguración de la Comisión de Ética —ahora con expertos externos en filosofía y ética jurídica— hasta el establecimiento de un registro público de jueces que preparan opositores, se intenta poner coto a las dinámicas clientelares que han alimentado la endogamia del sistema.

Pero quizás uno de los elementos más controvertidos del actual debate es la reacción corporativa de parte del estamento judicial. La reciente "huelga" de jueces, fiscales y magistrados, sin cobertura legal, sin descuentos salariales y sin autorización del Consejo General del Poder Judicial, no solo carece de legitimidad jurídica. También pone en cuestión su deontología profesional. Quienes están encargados de velar por la legalidad y el respeto a las normas, ¿pueden permitirse actuar al margen de ellas para defender privilegios? ¿Es ético que quienes representan el poder más inaccesible del Estado reclamen mejoras ignorando los procedimientos que exigen a los demás?

Este episodio ha servido como termómetro del verdadero alcance de la reforma: no se trata solo de mejorar condiciones técnicas o reforzar plantillas, sino de cambiar una cultura corporativa que ha confundido independencia con inmunidad. Que rechaza la rendición de cuentas. Y que, en ocasiones, se resiste a cualquier apertura por temor a perder influencia, no por amor al derecho.

La propuesta del Gobierno no es perfecta, y requerirá ajustes durante su tramitación parlamentaria. Pero señala con claridad un rumbo: una Justicia más plural, más profesional y más conectada con la ciudadanía. Una justicia que no sea un coto cerrado ni un bastión del privilegio, sino un verdadero servicio público. La Justicia no debe ser solo independiente; debe ser también equitativa, accesible y legítima.

En definitiva, esta no es una reforma para los jueces. Es una reforma para la ciudadanía. Y por eso, más que “la reforma de la justicia”, lo que está en juego es algo más profundo: la justicia de la reforma.

La Guerra arancelaria de Trump y el abandono de las ayudas a la cooperación y el desarrollo: un golpe a las economías más pobres

 

La guerra arancelaria promovida por la administración Trump es uno de los movimientos más controvertidos de su segundo mandato, caracterizado por un enfoque agresivo y proteccionista que afecta no solo a las economías más avanzadas, sino también a las más frágiles. 

 

Europa y España están trabajando para defender a los sectores económicos más afectados por el incremento de los aranceles norteamericanos.  

 

El Consejo de ministros del Gobierno de España aprobó el 8 de abril un Real Decreto-ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial que tiene como objetivo establecer una red de seguridad para las empresas y los trabajadores que resulten afectados por el incremento de aranceles que está imponiendo Estados Unidos. Este Plan, tal como declaró el presidente Pedro Sánchez, pretende movilizar 14.100 millones de euros para mejorar la capacidad productiva de las empresas, impulsar su presencia internacional y buscar nuevos mercados, mitigando así los impactos negativos de los aranceles sobre la economía española. 

 

Pero las consecuencias de estas políticas arancelarias de la Administración Trump en los países más pobres del mundo son especialmente graves. Las economías de varios países del sudeste asiático, de África y de Centro y Sur de América, altamente dependientes del comercio con Estados Unidos, han sufrido un fuerte golpe económico debido a las nuevas tarifas anunciadas por Washington. Estos aranceles no solo representan una barrera comercial, sino una amenaza existencial para las economías que más dependen de sus exportaciones, muchas de ellas deslocalizadas por las multinacionales norteamericanas en busca de mano de obra barata. 

 

El sudeste asiático ha sido un destino elegido por empresas estadounidenses para la deslocalización de la producción, especialmente para las industrias textiles, electrónicos y de consumo masivo. Las economías de países como Vietnam, Indonesia, Tailandia, Camboya y Malasia han sido grandes receptores de inversiones debido a la mano de obra barata y la proximidad a los mercados globales. Es muy significativa la presencia en esos países de las grandes corporaciones estadounidenses como Nike (Vietnam e Indonesia), Apple (China, Vietnam y Malasia), Gap Inc. (Vietnam, Tailandia y China), Dell y Hewlett-Packard (Vietnam e Indonesia). 

 

Con la llegada de la guerra arancelaria, las consecuencias serán devastadoras. En países como Vietnam, donde los aranceles alcanzarán un 46%, y Camboya, con un 49%, los sectores exportadores se verán gravemente afectados. Estos aranceles reducirán la competitividad de las exportaciones de productos textiles y electrónicos, lo que conllevará una disminución directa de las exportaciones hacia Estados Unidos. Para los trabajadores de estos sectores, en su mayoría mujeres que dependen de las fábricas textiles, esta situación se traducirá en despidos masivos, reducción de jornadas laborales y una incertidumbre económica que podría afectar a millones de familias. 

 

En África, la deslocalización de producción ha sido más limitada en comparación con Asia, pero ha crecido en sectores clave como la manufactura textil, la minería y la producción de bienes de consumo. Países como Etiopía, Kenia, Sudáfrica y Lesoto han atraído inversiones debido a incentivos fiscales y costos laborales bajos. 

 

El impacto de los aranceles de Trump también afecta a varios de estos países africanos, cuyas economías están profundamente influenciadas por las relaciones comerciales con Estados Unidos. Un ejemplo claro es Lesoto, que ha sido insólitamente afectado por un arancel anunciado del 50%. Este pequeño país depende en gran medida de la exportación de productos textiles y diamantes a Estados Unidos. Las fábricas textiles, que emplean a unas 12.000 personas, han comenzado a reducir sus operaciones debido a la disminución de la demanda en el mercado estadounidense, lo que podría llevar al cierre de muchas de estas plantas y a un desempleo masivo. 

 

Madagascar, por su parte, enfrenta una situación similar. Con un arancel del 47%, este país, conocido por ser uno de los mayores productores de vainilla del mundo, ha visto cómo los costos de sus productos se incrementan y su competitividad se reduce en el mercado estadounidense. La industria textil, clave para su economía, también experimentará una disminución significativa en las exportaciones, afectando a miles de trabajadores. 

 

Las principales empresas norteamericanas con producción deslocalizada en África son Nike (Etiopía), Levi’s (Egipto y Sudáfrica), General Electric (Nigeria y Sudáfrica) y Procter & Gamble (Sudáfrica, Nigeria, Egipto, Kenia, Ghana, Costa de Marfil y Tanzania). 

 

Para países como Lesoto y Madagascar, que dependen casi exclusivamente de las exportaciones hacia Estados Unidos, la imposición de aranceles es devastadora. Estos países no tienen la capacidad de contrarrestar la disminución de sus ingresos por exportaciones, ya que sus economías son demasiado pequeñas y su mercado interno no puede consumir productos estadounidenses en la misma medida que otros países desarrollados. Las relaciones comerciales con Estados Unidos son tan desproporcionadas que cualquier cambio en las políticas arancelarias afecta directamente la estabilidad de sus economías. 

 

También hay países de Centroamérica muy afectados por estos aranceles debido a que son numerosas las empresas norteamericanas que han deslocalizado su producción allí, entre ellas Nike (Honduras y El Salvador), Intel (Costa Rica), Dell y Hewlett-Packard (Costa Rica y Guatemala), Caterpillar (Guatemala y Costa Rica), Unilever (Honduras y El Salvador) o Textron (México y Honduras). 

 

Para los países centroamericanos, aunque forman parte del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA), la decisión del gobierno estadounidense de no eximirlos de los nuevos aranceles puede suponer un daño comercial bastante profundo porque, aunque se les aplique el 10%, que es el arancel más bajo aplicado por el gobierno estadounidense a nivel global, sus economías son muy dependientes del comercio con los Estados Unidos. 

 

Además de la guerra arancelaria, otro aspecto de la política de Trump que ha tenido un impacto devastador en los países más pobres es su estrategia contra la cooperación internacional y la ayuda al desarrollo. Desde su llegada al poder en 2017, Trump adoptó una política de retirada de los compromisos internacionales de Estados Unidos en términos de ayuda al desarrollo, cooperación internacional y proyectos de asistencia humanitaria. Este cambio marcó un giro significativo respecto a las políticas previas, bajo las cuales Estados Unidos era uno de los mayores donantes de ayuda exterior en todo el mundo. 

 

En su segundo mandato, Trump ha intensificado estos recortes en la ayuda. Durante sus primeros días en el cargo, el presidente decretó que Estados Unidos suspendería su cooperación al desarrollo durante 90 días, lo que afectó a miles de proyectos en todo el mundo, especialmente en África, Asia y Centroamérica. Esta suspensión no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia más amplia de reducción del gasto en programas internacionales de ayuda y cooperación. 

 

Una de las áreas más afectadas ha sido la asistencia sanitaria, especialmente en África, donde la lucha contra enfermedades como el VIH/SIDA, la malaria y la tuberculosis depende en gran medida de los fondos de cooperación internacional. La administración Trump también ha reducido sustancialmente las contribuciones a organismos internacionales clave, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que afecta a muchos países de bajos ingresos que dependen de estos fondos para mejorar sus infraestructuras sanitarias. 

 

Los proyectos de educación, acceso a agua potable, nutrición y desarrollo agrícola también han sido recortados, afectando a comunidades enteras que dependen de estos programas para mejorar sus condiciones de vida. En muchas regiones de África, la cooperación internacional es fundamental para garantizar que los países puedan cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU. Sin embargo, con el recorte de fondos y el abandono de estos proyectos por parte de Estados Unidos, los avances en áreas como la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad se verán gravemente obstaculizados. 

 

Para varios países de Centroamérica, Estados Unidos había sido un socio importante en términos de cooperación al desarrollo y asistencia para la región, pero bajo Trump, estos compromisos han sido significativamente recortados. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), que durante años había sido un pilar de apoyo en programas de desarrollo, educación y salud en América Latina, ha experimentado recortes drásticos en su financiación. Estos recortes impactan sobre proyectos clave en países como Honduras, Guatemala y El Salvador, donde la cooperación internacional ha sido esencial para la lucha contra la pobreza, la violencia y la falta de acceso a servicios básicos. 

 

La secretaria general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, ha alertado en varias ocasiones sobre la necesidad de que el comercio no se convierta en una fuente de inestabilidad económica, sino que debe estar al servicio del desarrollo global. La cooperación internacional debe ser vista como un instrumento de paz y prosperidad, y no como un campo de batalla para las políticas de poder de las grandes naciones. 

 

En este contexto, la comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para promover una economía global más inclusiva y justa, basada en el respeto mutuo, el comercio libre y la cooperación para el desarrollo. Solo a través de estas políticas globales podemos garantizar un futuro de prosperidad y estabilidad para todos.